La ley de prevención de pérdidas y desperdicios alimentarios entrará en vigor en enero de 2023 nace con el objetivo de reducir la cantidad de desechos producidos y favorecer un mejor aprovechamiento de éstos.
Se trata de la primera regulación sobre esta materia que tiene lugar en España para que tanto comercios como particulares lleven a cabo una reducción de este desperdicio. Durante el año 2020, los hogares españoles tiraron a la basura 1.364 millones de kilos/litros de alimentos, una media de 31 kilos/litros por persona. Las cifras mejoran en 2021 con una reducción de las cifras en un 8,6%, según Datos de Desperdicio en los hogares 2021. Como explicó el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la presentación de esta, “a nivel individual estos desperdicios suponen una pérdida de 250 euros por persona”, además de “malgastar el trabajo realizado por agricultores y ganaderos en la producción de alimentos y mal utilizar los recursos naturales que se consumen en este proceso”.
La ley trata de fomentar buenas prácticas desde los productores primarios, en la fase de cosecha y recolección de los alimentos, hasta los consumidores, bien en el hogar o en bares y restaurantes, ya que el desperdicio de alimentos se produce a lo largo de todas las fases de la cadena. El ministro ha recordado que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que se desperdicia aproximadamente el 30 % de los alimentos que se producen en el mundo, lo que equivale a unos 1.300 millones de toneladas anuales, y que casi la mitad de este despilfarro se produce en la fase de postcosecha y venta minorista.
Medidas para aprovechar los alimentos
La ley establece que todos los agentes de la cadena alimentaria tienen la obligación de disponer de un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio, identificando en qué fase se produce y fijando las medidas para minimizarlos, para lo que se ha establecido una jerarquía de prioridades:
A través de la donación de los excedentes por medio de un convenio de colaboración con las empresas, iniciativas sociales, organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos, las cuales deberán garantizar la trazabilidad de los productos mediante un registro de entrada y salida de los alimentos recibidos y entregados, los cuales en ningún caso pueden ser comercializados.
En el segundo caso se contempla la transformación de los alimentos que no se hayan vendido y mantengan unas condiciones óptimas de consumo. Una vez que estos no serán aptos para el consumo humano, se destinarán a la alimentación animal y fabricación de piensos, el uso como subproductos en otra industria ya como residuos, y la obtención de compost o biocombustibles.
Buenas prácticas
Las empresas de hostelería tendrán la obligación de facilitar al consumidor que pueda llevarse, sin coste adicional alguno, los alimentos que no haya consumido en envases que sean reutilizables o fácilmente reciclables.
Así mismo, los establecimientos comerciales podrán, por ejemplo, disponer de líneas de venta de productos “feos, imperfectos o poco estéticos” o promover el consumo de productos de temporada, de proximidad o ecológicos. La ley apela a incentivar la venta de productos con la fecha de consumo preferente o de caducidad próxima, de acuerdo con la jerarquía de prioridades de uso.